"Con la ley de partidos políticos, reuniones públicas y manifestaciones, se busca elaborar normas de sanción para que los parlamentarios electos por un pueblo, no lo traicionen. Cuando un diputado defrauda a su electorado, por supuesto que debe acarrear con consecuencias”; así lo expreso el diputado del consejo legislativo regional, Jonathan García.Destacó el parlamentario que era fundamental la elaboración y aprobación de esta ley de partidos políticos, reuniones públicas y manifestaciones, por cuanto la misma exige a los diputados a mantenerse en una tendencia partidista; es decir, es una ley para evitar que el pueblo siga siendo traicionado.--- Definitivamente que es el pueblo quien es defraudado si un candidato que fue elegido bajo una tendencia, luego traiciona a la gente que bajo esa tendencia o ideología le dio su voto para que los representara ---, precisó.Reiteró el diputado que con esta ley se vigoriza la participación del pueblo, ya que cuando una persona elige a un candidato, lo hace suponiendo que defenderá las propuestas por las que se ofertó y ganó.Sentenció que la ley se aprobó en la Asamblea Nacional para proteger y defender los derechos de los votantes "las campañas electorales existen precisamente para que no haya traición; es decir, se actúa bajo total y absoluta libertad de conciencia, es esta libertad la que los lleva a presentar y defender un proyecto ante el CNE para el pueblo; pues el candidato acepta la postulación que considere, ya sea por iniciativa propia o por el partido político que crea". Para el parlamentario, el pueblo es quien elige de acuerdo a las ofertas electorales y la credibilidad que brinde cada candidato, si el pueblo vota a favor de una idea y luego el candidato se cambia, el que es traicionado es el elector.Dijo Jonathan García que esta AN, en su fracción revolucionaria, legisla con base a todo lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, "porque nuestra constitución es sabia y exactamente en su artículo 66, sustenta que los electores tienen derecho a que sus representantes rindan cuentas públicas, transparentes y periódicas de su gestión de acuerdo con el programa presentado".Finalmente señaló que es un mandato constitucional y basado en ello la revolución ha venido trabajando desde que se aprobó esta carta magna por una democracia participativa y protagónica.
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